100 páginas - Bonilista

100 páginas

 

Hace algunos días, Javier Escribano proponía cerrar ENISA y CDTI, los dos organismos que gestionan la mayoría de subvenciones, ayudas y prestamos públicos orientados a startups españolas. Yo no tengo tan claro que acabar por completo con la financiación pública sea la mejor manera de potenciar las empresas innovadoras de nuestro país, pero es evidente que algo debe cambiar.

La semana pasada denuncié públicamente que, para solicitar una ayuda de 175.000€, el CDTI recomienda presentar una memoria de al menos 100 PÁGINAS (ver anexo II en la página 26 de 34) con un tamaño de letra de 11 puntos. Un auténtico disparate burocrático que, en vez de ayudar a encontrar los mejores proyectos, los entierra. Los espanta.  

Y es que lo que nos está exigiendo el CDTI es una inversión de tres a seis meses horas/hombre sólo para solicitar una ayuda pública de una cuantía tan pequeña que sería insuficiente para montar un McDonalds o una farmacia, y a duras penas nos permitirá hacernos con una licencia de taxi en Madrid y un vehículo con el que poder ejercer nuestra actividad. No digamos ya crear una tecnología revolucionaria y disruptiva con alcance global.
 
Cuando transmití al CDTI mis quejas sobre su proceso de concesión de ayudas, primero me dijeron que la ayuda en concreto no era la más adecuada para startups y, cuando pedí que me lo explicaran -porque una ayuda de 175.000€ no parece dirigida a financiar el I+D de INDRA o Inditex- me contestaron, literalmente, que no todas las startups eran iguales y que si tu compañía no es capaz de gestionar una memoria documental de 100 páginas quizás no está preparada para recibir una ayuda pública. Un argumento que parece un obús contra el sentido común y la misión del CDTI -según su propia página web- de impulsar “cambios legales y socioeconómicos favorables a la innovación tecnológica”.
 
Es muy interesante que el vehemente Community Manager del CDTI usara la palabra “gestionar” en vez de “crear” la memoria documental porque es un secreto a voces que, en realidad, pocas empresas redactan la documentación presentada para solicitar financiación pública.

La mayoría de esos ladrillos son confeccionados por Consultoras, conseguidores especializados en la obtención de ayudas y préstamos públicos a cambio de un porcentaje de las mismas ¿No hace eso saltar todas las alarmas? ¿No hay ningún gestor de esos organismos públicos que tema que se hayan convertido en un ejemplo de libro de la Ley de Parkinson?
 
Un texto de 100 páginas no es la mejor herramienta para validar proyectos innovadores sino para justificar una estructura burocrática, pero al contrario de lo que sugiere Escribano en su artículo, no creo que la mejor manera de resolver el problema sea desmantelar las estructuras actuales, sino mejorarlas.
 
¿No sería mucho más útil que el CDTI exigiera memorias de una extensión máxima de 10 páginas para hacer un primer filtrado y que, después, sus funcionarios usaran todo el tiempo ahorrado en evaluar las 90 restantes para conocer en persona y entrevistar al equipo al cargo del proyecto?
 
Me gustó especialmente el artículo en el que Diego Soro propone propuestas alternativas al desmantelamiento de las ayudas públicas, porque implementarlas no costaría ni un solo euro adicional al contribuyente, sólo voluntad política: simplificar organismos y convocatorias, homogeneizar procesos y, sobre todo, planificar los mismos. En España, muchas veces, las ayudas se convocan sin apenas tiempo para preparar y presentar la documentación solicitada.
 
Yo no tengo ni idea de cuál sería el mejor modelo de financiación pública para fomentar el I+D y las empresas tecnológicas en nuestro país, pero si tengo claro dos cosas: ni 100 ni 1.000 páginas servirán nunca por si solas para constatar la solidez de un proceso; y cualquier proceso administrativo que requiera la contratación de profesionales externos para poder ser completado, es un fracaso.