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📝 @agarzon afirma que la querella busca "esclarecer la verdad" y pide que Aguirre sea imputada. #WaterGatePPhttps://t.co/KAEpX8J4UQ http://pic.twitter.com/M5JsEVksIY
— Izquierda Unida (@iunida) 26 de abril de 2017
Izquierda Unida junto con la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II ha registrado este miércoles una querella criminal en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades cometidas en la empresa de aguas madrileña en la que piden al magistrado instructor Eloy Velasco que investigue también por estos hechos a trece personas, entre ellas la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el extesorero del PP Luis Bárcenas y el Partido Popular.
Así lo ha confirmado el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en declaraciones a los medios a las puertas del Canal, donde ha precisado que la querella tiene como finalidad “contribuir a esclarecer la verdad” en el marco de la ‘Operación Lezo’ y que existen indicios técnicos suficientes para justificar la imputación de Aguirre, pesto que “tiene una responsabilidad fundamental” en la investigación que se sigue sobre la presunta desviación de fondos de la empresa pública de aguas.
“Creo que Aguirre no ha dimitido presionada por el PP sino sabiendo lo que va a salir en este caso de corrupción que va a ser uno de los más grandes de toda España y cuando toda la información vaya siendo a la luz quedará reflejado que no era una persona que simplemente pasaba por allí”, ha indicado el dirigente de Izquierda Unida.
La intención de los colectivos firmantes de la querella _a la que suman además Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación de los Verdes_ es ejercer la acusación popular en la ‘Operación Lezo’.
Apuntan que tras el inicio de la misma el pasado jueves con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González “se ha conocido la existencia de una presunta organización criminal” que empleaba el poder político para obtener contrataciones públicas a favor de empresarios.
El documento, registrado esta mañana en la Audiencia Nacional, solicita además que se investigue a Ignacio González, su hermano Pablo González, al expresidente de Inassa (filial del Canal en Latinoamérica) Edmundo Rodríguez Sobrino, al exgerente del Canal Ildefonso de Miguel, al exdirector de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, y al consejero de OHL Javier López Madrid, todos ellos detenidos la semana pasada por orden del magistrado instructor.
También solicitan la imputación del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, del actual secretario de Estado de Seguridad y ‘número dos’ de Interior, José Antonio Nieto, de los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y del presidente de La Razón, Mauricio Casals, cuya causa fue archivada este martes por Velasco tras haber declarado por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
DESVIACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
A todos ellos les atribuyen los delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, alteración del precio en concursos y subasta públicas, blanqueo, cohecho, apropiación indebida, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda pública, fraude, apropiación indebida y revelación de secretos.
El documento apunta que el objetivo de los integrantes de esta trama sería “apropiarse de caudales públicos y allegar fondos al PP”, los cuáles, a su vez, “se desviaron a cuentas opacas”. También recogen que “irregularmente” se otorgaron contratos “u otro tipo de favores” a empresas que previamente habían satisfecho “cantidades ilícitas” actuando en el territorio nacional y extranjero.
En concreto denuncian la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública Mercasa, el cobro de adjudicaciones de obras como la construcción del tren a Navalcarnero _para lo cual López Madrid habría abonado 1,4 millones de euros a González en 2007_, y la adjudicación irregular “a familiares o amigos” en referencia a la “disparatada” instalación de un campo de golf en Chamberí que fue a parar al consorcio Green Canal Golf que integraban sociedades participadas por el hermano de González y su cuñado José Juan Caballero.
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL
“Queremos que el Canal de Isabel II vuelva a hacer las inversiones que hacía en medio ambiente antes de que llegara el Gobierno de Esperanza Aguirre, cosa que acabó cuando empezó esta vorágine de intentar privatizar y sacar el máximo rendimiento a esta entidad que lleva trabajando más de 150 años”, ha dicho Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, que ha añadido que lo prioritario es hacer una gestión sana del Canal.
Por su parte, el diputado de Equo Juan José López de Uralde ha explicado que se suman a la querella para formar un “dique” que ponga fin a una forma de hacer política “tan corrupta” por parte de la formación popular, mientras que Iliana Pineda, miembro de la Plataforma contra La Privatización del Canal de Isabel II, ha reivindicado la “lucha de muchísimos años” en contra de la privatización de la empresa.
Precisamente la Plataforma impulsó en 2011 una Iniciativa Legislativa Municipal firmada por siete gobiernos de la Comunidad de Madrid para que la empresa de aguas madrileña siguiera siendo pública, según exponen en el documento registrado esta mañana en la Audiencia Nacional.
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